Una legislatura que comienza

Honestidad obliga, y por ello debemos confesar que  este artículo se escribe en el mes de abril, para ser exactos un sábado día 15 de abril, cuando la campaña electoral todavía no ha empezado y cuando con carácter general se desconocen las previsiones y estrategias políticas que van a seguir nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas después de la toma de posesión y la constitución de gobiernos y corporaciones tras las elecciones de finales de mayo. Esto nos permite pronunciarnos libremente, y manifestar nuestra opinión, sin ningún tipo de apriorismo o condicionamiento.

Nos jugamos mucho en la legislatura que comienza. Usualmente solemos poner el foco y centrar nuestra atención en las grandes cuestiones de política general y estatal. No hay ninguna duda que los planes estratégicos del Gobierno central en materia de transformación digital e inteligencia artificial poseen una enorme relevancia. Sin embargo, es en el territorio de lo autonómico y local donde se ejecutan la mayor parte de políticas públicas que repercuten de modo sustancial en la vida de todas las personas. Nos referimos a la sanidad, la educación, las políticas de bienestar y también a un conjunto de actuaciones de la Administración dirigidas a fomentar la investigación, la innovación, la transferencia de resultados y la iniciativa empresarial. Por otra parte, es en el territorio de lo local, donde nacen las jóvenes iniciativas empresariales que se vertebran en torno a incubadoras, polos de investigación universitaria, y ecosistemas específicos de innovación y emprendimiento de carácter privado o mediante los incentivos que promueve o que provee la administración pública.

Por eso resulta esencial asegurar que las agendas de nuestras administraciones autonómicas y locales, han incorporado de modo definitivo y profundo la transformación digital. Sin ánimo de ser agoreros, no podemos olvidar la experiencia y la historia reciente de nuestras instituciones. A nadie se le escapa que las sucesivas capas de transformación digital de la Administración se saldaron al menos en el corto plazo con sonoros fracasos. Estoy refiriendo con esto a la sucesiva legislación que trató de crear una administración electrónica al servicio de la ciudadanía. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos nunca se llegó a aplicar plenamente, y su sucesora la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estuvo salpimentada de constantes ampliaciones de plazos para conseguir la completa implantación digital. Y mientras escribimos estas líneas, siguen conociéndose significativos problemas a la hora de ser eficientes, accesibles y usables para la administración. Lo cual tiene una particular incidencia en las políticas públicas propias del Estado social que no acaban de alcanzar al 100% de sus destinatarios, personas precisamente caracterizadas por ser las primeras víctimas de la brecha digital.

Por otra parte, se percibe una Administración cuyos recursos físicos, el hardware y las personas, afrontan una etapa de envejecimiento cargada de ineficiencias. Baste con situar algunos ejemplos. Nunca conseguimos diseñar sistemas de gestión administrativa compartidos en entornos de Cloud-Público. Existen tantas administraciones electrónicas como comunidades autónomas y diputaciones, tantos sistemas de gestión de la información sanitaria como comunidades autónomas e incluso dentro de ellas con especialidades no interoperables por sectores primarios u hospitalarios, e incluso puede afirmarse que se han diseñado tantas sedes electrónicas y modelos de gestión como universidades públicas hay en el país. Ello implica, cuando la Administración dispone de recursos informáticos propios un escenario de inversión en hardware en el que las necesidades y las capacidades presupuestarias son asimétricas cuando no inversamente proporcionales. Y, por último, de la mano de la funcionarización ni sólo no es extraño que se produzcan situaciones de clara y manifiesta resistencia al cambio por parte de las plantillas, es que  además su renovación y rejuvenecimiento son harto difíciles ya que resulta imposible competir con los salarios y condiciones del sector privado a la hora de innovar en los perfiles y particularmente en aquellos que tienen que ver con la analítica de los datos.

Finalmente, salvo en raras excepciones, no hemos sido capaces de superar el escenario definido para el open data por la primera directiva dictada en la materia. En estos momentos y con la excepción del impulso del Gobierno estatal en la SEDI y la Oficina del Dato, la idea de disponer de espacios de datos y de los servicios de intermediación previstos por la Data Governance Act se presenta como una mera entelequia.

Por eso resulta esencial abordar la legislatura que comienza con una estrategia centrada en la transformación digital y, ¡cómo no! en el dato. Ser capaces de disponer de una infraestructura generadora de datos de alta calidad susceptibles de ser adecuadamente reutilizados se antoja como un elemento fundamental para impulsar la prosperidad en nuestros respectivos territorios. Es un aspecto que han entendido muy bien algunos espacios de datos en España, y singularmente los que tienen que ver con la compartición o la reutilización de datos en los sectores industriales y en el marco del turismo. Pero no basta con ellos, es necesario, es necesario impulsar las políticas públicas ordenadas a la construcción de repositorios de datos que dotados de una adecuada gobernanza y condiciones de…

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