Gracias a los fondos económicos que vienen de Europa, los llamados Next Generation, la Administración Pública está comprando tecnología, y más tecnología. Sin tomar en cuenta que, en mi caso, no entiendo cómo ayudan las compras que hace la Administración a la llamada “recuperación económica” del país, que se supone es el objetivo de este dinero; lo cierto es que las noticias de los últimos meses están monopolizadas por adjudicaciones.
Hay tanto dinero que la Administración ha adjudicado solo grandes proyectos. A Telefónica se le han adjudicado más de cien proyectos solo en el campo de la ciberseguridad. La unidad Telefónica Tech ha crecido un 43,5% en el primer trimestre, hasta los 492 millones de euros.
Según el estudio llevado a cabo por AdjudicacionesTIC, las Administraciones Públicas catalanas están invirtiendo el 26,5 % del total de las AAPP del estado, con 717,4 millones de euros adjudicados a 976 proyectos relacionados con tecnología entre enero y abril de 2023. “Repartir” 717 millones no es fácil, si se divide a partes iguales en 976 proyectos implicaría proyectos de más de setecientos mil euros, licitaciones en las que un pequeño porcentaje de tecnológicas pueden participar. No obstante, las asignaciones han sido distintas. Las mayores asignaciones han sido la dotación de servicios de aprovisionamiento y gestión de infraestructuras de CPD de la Generalitat de Catalunya Lote 4 CPD 4, adjudicado a T-Systems ITC Iberia por valor de 76.327.988 euros; la dotación de servicios de aprovisionamiento y gestión de infraestructuras de CPD de la Generalitat de Catalunya Lote 2 CPD 2, adjudicado a la UTE Kyndril España-Seidor Solutions por 39.956.638 euros; y el servicio de conectividad de la Generalitat de Catalunya Lote 1 Zona Competitiva, adjudicado a Telefónica por 39.870.995 euros.
Es probable que en este momento España sea uno de los principales mercados para los grandes fabricantes de tecnología, tanto de hardware como de software.
Otra de las vías de contratación en la Administración Pública es la llamada “Compra Pública Innovadora”. Se trata de una estrategia que aprobó el Consejo de Ministros en el año 2010 que le permite a la administración comprar tecnología en estado de desarrollo, o sin necesidad de licitar. Este modelo asume que la tecnología que se ofrece a la Administración es única, o tiene un proveedor único por lo que resulta inútil licitar. En este momento se encuentran abiertas un centenar de convocatorias para la compra de tecnología por esta vía, una que abre una pequeña puerta para empresas más pequeñas.
Marlon Molina es ingeniero en informática, es certification officer en Computerworld University desde donde lidera la certificación Business IT, también dirige el laboratorio de ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas en la OEA, es profesor en varias Escuelas de Negocio, y es asesor de varios Consejos de empresa en España e Internacionales. En 2019 Cherwell le incluyó en el TOP 5 de los líderes técnicos de la transformación digital en EMEA.
Debe estar conectado para enviar un comentario.