En un número anterior de Tecnología y Sentido común reflexionamos sobre la importancia de definir estrategias públicas de inversión orientadas a la construcción de los espacios de datos. Se afirmaba y, como en tantas otras ocasiones que, de ser cierto el paradigma de la Data Driven Society, el despliegue de los espacios de datos iba a jugar un papel esencial desde un punto de vista instrumental para la construcción, el uso o el desarrollo de entornos para la analítica de la información. La automatización de procesos y la evolución hacía modelos de decisión basados en datos los hace imprescindibles. Este artículo pretende ser una continuación del anterior aportando un conjunto de consideraciones que a nuestro juicio resultarían estratégicas para construir un espacio de datos.
En primer lugar, debemos entender que la construcción de espacios de datos no es un patrimonio exclusivo del sector público. Ciertamente este sector es el que se cuenta con mayores condiciones y posibilidades de desarrollo. Primero, la inversión pública puede provisionar fuentes de financiación estable y compartir el significativo volumen de datos de los que disponen los distintos gobiernos. Si el sector público concibe estos espacios, no como meros repositorios sino como entornos dinámicos y abiertos a la prestación de servicios de análisis de datos con particular atención a la investigación, la innovación y el emprendimiento sin duda operarán como catalizadores en el desarrollo del país. En esta línea apunta el diseño estratégico de la Unión Europea en el Open Data, Data Governance Act y la futura regulación del espacio de datos de salud. Por otro lado, las políticas europeas no excluyen espacios de datos del sector privado como entornos que propongan marcos colaborativos capaces de retroalimentar el crecimiento económico y el emprendimiento sin afectar al mismo tiempo a elementos esenciales de la actividad empresarial, como son la preservación de la propiedad intelectual y de los secretos comerciales e industriales.
Esta necesidad es particularmente significativa en un entorno como el de nuestro país, integrado por pequeñas y medianas empresas. Esta estructura empresarial escasamente puede soportar los costes que comporta la adaptación a la dimensión analítica de la transformación digital, tanto desde un punto de vista jurídico como de los recursos humanos necesarios para conseguirlo. Ello implica, salvo que se trate de una empresa especializada sectorialmente, no poder sufragar los costes de un delegado de protección de datos y o un analista de datos o no disponer de un volumen de datos cualitativa y/o cuantitativamente significativos. Por ello, la construcción de espacios de datos puede generar el contexto adecuado que permita financiar estos costes ofreciendo a nuestras PYME una ventaja competitiva. Aquí el papel de la Administración, de las asociaciones empresariales o de las cámaras de comercio puede ser absolutamente vital.
Profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Doctor en Derecho por la Universitat de València. Miembro de la mesa de expertos en datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Miembro del grupo de expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha sido Presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.
Todo lo que un Directivo debe saber...
Ha llegado la hora de formar a la Alta Dirección
Sesiones Directivas en Directo y en Remoto sobre todos aquellos aspectos que debe conocer la Alta Dirección sobre Gobierno y Gestión Organizacional.
Debe estar conectado para enviar un comentario.