Es prácticamente imposible que quién lee estas páginas no conozca a profesionales de la privacidad que hayan renunciado a su puesto en el sector público. Salvo en supuestos muy precisos en las grandes administraciones del sector público este es un oficio que se ejerce en la mayor de las indigencias. Y ello se debe a razones estructurales más que evidentes. En primer lugar, y sin ningún género de dudas, existe un vicio fundacional que deriva de la interpretación de la vieja LORTAD y de su interpretación por la doctrina administrativa. No será este autor quien cuestione las elaboradas creaciones dogmáticas que afirman que imponer multas al sector público no supone otra cosa que trasladar recursos públicos entre administraciones. Tampoco discutiré que una grave afectación al presupuesto de un ayuntamiento redunde en perjuicio de la ciudadanía. Pero lo cierto es que el resultado no es otro que desincentivar el cumplimiento normativo.
En este ecosistema, y como resultado de esa carencia de un enforcement disuasorio se producen dos resultados a cuál más perverso. Desde el punto de vista de la gestión de plantillas ni se considera esencial garantizar que todo el personal esté formado en protección de datos, ni se definen para el personal técnico funciones de soporte al cumplimiento en cada área. Así, muchas administraciones cuentan con servicios de contratación funcionalmente incapacitados para reconocer un encargado del tratamiento en un contrato menor o evaluar las condiciones exigibles desde el punto de vista de la seguridad. Disfrutamos de gestores deportivos cuya incapacidad para tratar la información de menores salta a la vista, o entidades de calidad que, sin rebozo alguno proponen técnicas de evaluación que lesionan gravemente derechos fundamentales.
Por supuesto, el conocimiento estratégico de los altos responsables brilla por su ausencia. Esperar que entiendan que sin garantía del derecho fundamental a la protección de datos la transformación digital de la administración es sencillamente inviable y el uso de la inteligencia artificial una utopía, es sencillamente creer en imposibles. La incultura en protección de datos deviene así en un obstáculo insalvable que se proyecta en un segundo nivel todavía más crítico. No existe ninguna necesidad de considerar la materia ni un objetivo valioso, ni un recurso necesario o, ni siquiera, un gasto que asumir. No es ocioso recordar que el anteproyecto de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tanto en su texto, como en su memoria de impacto, refería que la implantación de la figura del delegado debía realizarse a coste cero.
El resultado de esta serie de catastróficas desdichas no es otro que el nombramiento de personas delegadas de protección de datos carentes de recursos, y no siempre con la adecuada formación. Y, en estas condiciones, es imposible desplegar un modelo eficiente de cumplimiento normativo. Esta afirmación…
Profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Doctor en Derecho por la Universitat de València. Miembro de la mesa de expertos en datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Miembro del grupo de expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha sido Presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.
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