Septiembre es un mes particular. Ciertamente nuestra organización económica se estructura en torno al año natural. Sin embargo, no es menos cierto que la idea de curso y la gestión estacional de nuestra vida forma parte de consustancial de nuestra naturaleza. Así que hay dos meses al año, septiembre y diciembre, en los que conviene mirar atrás evaluar el estado de situación y plantear la estrategia y la táctica que va a guiar nuestros pasos en un futuro inmediato. En el ecosistema del dato el próximo período se presenta particularmente apasionante, pero debe ser visto desde un análisis crítico de la realidad.
Desde el punto de vista de la innovación normativa la publicación del Reglamento de Inteligencia Artificial a la que seguirá el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios junto con distintas iniciativas financiadas por la Unión Europea propone un horizonte esperanzador. En este sentido, conviene referirse a dos de ellas. De una parte, ya sea a iniciativa propia, ya sea mediante acciones vinculadas a Next Generation se está incentivando la creación de Espacios de datos funcionales a la estrategia del Programa de Década digital de la Unión Europea. Simultáneamente florecen los Digital Innovation Hubs en las Comunidades Autónomas capaces de impulsar la transformación digital y el aterrizaje en la inteligencia artificial de nuestras pequeñas y medianas empresas.
Pero no basta con las políticas públicas de alto nivel. Un análisis crítico de la realidad tiene que poner sobre la mesa el mantenimiento del statu quo en materia de cumplimiento normativo del Reglamento General de Protección de Datos por parte de las organizaciones. Por una parte, tenemos a una Administración Pública que se siente escasamente concernida, con déficits particularmente relevantes en los esfuerzos y recursos que dedica esta materia y con muy serias dudas sobre las decisiones que se van adoptando en la externalización del rol de persona delegada de protección de datos. Y ello atiende tanto a los mecanismos de convocatoria que en ocasiones traspasan el límite de la interferencia en la libre competencia, como a los recursos económicos y humanos asignados que son francamente ridículos.
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