El Informe Draghi (The future of European competitiveness-Part A. A competitiveness strategy for Europe) pone de nuevo sobre la mesa un viejo debate con nuevos enfoques. La tesis que plantea no es otra una descripción de la Unión Europea como gigante regulador que de algún modo anda disparándose en su propio pie. En esencia señala que existen hasta 100 leyes centradas en las empresas tecnológicas y más de 270 reguladores activos en el Mercado Único. A ello se unen las dificultades asociadas a los trámites para el establecimiento de filiales en países de la UE, la gestión de la propiedad intelectual y las patentes. Nuestro sector privado no ha sido capaz, o ha encontrado grandes barreras para la generación de grandes conjuntos de datos, a diferencia de EEUU ni ha aprovechado las posibilidades del sector público mientras que China, ha posido o ha sabido que aprovechar sus instituciones para la agregación de datos. Además, parece que las normas sobre competencia pueden inhibir la cooperación dentro de la industria y las normas nacionales en materia de contratación pública generan elevados costes permanentes para los proveedores de servicios en la nube.
Coincide Draghi con Viktor Mayer-Schönberger y Thomas Ramge en una cuestión paradójica. Los elevados costes operativos que impone la regulación son asumibles para los gigantes tecnológicos e inviables para las PYMEs. Una fuente de problemas deriva, por ejemplo, de la habilitación del Reglamento General de Protección de Datos a los Estados para regular el tratamiento de categorías especiales de datos con fines de investigación. Aunque no se diga expresamente a esa ecuación debemos sumar el soft-law de las autoridades de protección de datos. Ciertamente, existe un solo Reglamento General de Protección de Datos, pero hasta que se llega a un consenso en el seno del Comité Europeo de Protección de Datos se van publicando decenas de guías sobre sectores estratégicos como la biometría, la Inteligencia Artificial o los espacios de datos.
De una parte, debe reconocerse que la Unión Europea intenta paliar la escasez de grandes conjuntos de datos impulsando la compartición mediante la llamada Data Governance Act que contempla servicios de intermediación pública, agregadores privados y altruismo de datos. Y también la Data Act que opera una profunda transformación en el derecho a la portabilidad y debería empoderar a las personas a la hora de disponer de sus datos y compartirlos. Si además los sandboxes previstos en el Reglamento Inteligencia Artificial servirán para identificar obstáculos reglamentarios derivados de la legislación de la UE, mejorar la regulación y contribuir al enfoque de las autoridades reguladoras. Si se usan como un corralito para atar en corto la innovación serán un freno más. Draghi es consciente de la significativa importancia de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.
¿Acierta Draghi? ¿Hay un elefante en la habitación? Andrés Pedreño y Luis Muñoz mantuvieron tesis similares a las del Informe hace años y subrayaron su relevancia en el contexto de una batalla geopolítica por liderar la inteligencia artificial. Lo cierto es que la UE ha diseñado un ecosistema normativo que pretende resolver los problemas evidenciados por el comportamiento de las redes sociales y otras aplicaciones. Negar que existen severos riesgos para nuestros derechos fundamentales y en ocasiones se causan riesgos sistémicos para la democracia sería hipócrita. Sin embargo, es necesario identificar los problemas para la economía ya que no sólo no desaparecerán, sino que podrían incluso agravarse.