La regulación de las cookies y fingerprints ha sido la historia de un despropósito. Lo paradójico reside en que protegiendo nuestra privacidad vamos camino de acabar con el debate abierto y democrático. La esencia del derecho a la información consiste en promover la formación de una opinión pública libre y asegurar el acceso a distintas fuentes de información. El legislador, y las autoridades de protección de datos, no han encontrado soluciones funcionales. La mayoría de usuarios sigue aceptando cookies mientras los que las rechazan renuncian a la lectura de decenas de periódicos.
Vaya por delante una afirmación de principio: es absolutamente necesario asegurar que los medios de comunicación generen ingresos que aseguren su sostenibilidad e independencia. Ha sido la evolución de la tecnología y más de un error en la definición de la legislación y su aplicación, las que nos han llevado hasta aquí. El órdago más reciente, el “o cookies o pagas” no es otra cosa que el último acto de un proceso de alineación con las políticas de las redes sociales y buscadores cuyas prácticas han llevado a la empresa periodística al borde de la extinción.
Internet ha producido una mutación en el modo de actuar la empresa periodística y en el de consumir la información. Antes de internet la publicidad contextual financiaba los medios que contaban con usuarios fidelizados y con ecosistemas de uso compartido, del bar a la biblioteca, que incluso no generando ingresos directos expandían el efecto de la publicidad. La prensa escrita ha visto constantemente reducida la clientela en soporte papel, ha sido víctima del “todo gratis” de buscadores y redes, así como de agregadores de todo tipo. También cambiaron los hábitos de lectura que se han hecho muy dependientes del titular y del like. Aquí se produjo seguramente la primera falla regulatoria. Nadie pareció ver ningún problema inicial en el que quienes no producían la información explotasen sus resultados convirtiéndose de facto en los operadores publicitarios dominantes. Y así, los medios tradicionales se encontraron con una injusta situación de hecho: al mismo tiempo que descendían sus ventas en el mundo físico se reducían sus anunciantes.
Profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Doctor en Derecho por la Universitat de València. Miembro de la mesa de expertos en datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Miembro del grupo de expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha sido Presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad y responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.
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