Mensajería, privacidad, cifrado y delincuencia, todo en la batidora

En los últimos meses se ha venido hablando en Europa sobre la posibilidad de prohibir el cifrado en las aplicaciones que la mayoría de nosotros usamos, con el pretexto de que dificultan la lucha contra la delincuencia, en general. De nuevo, nos encontramos con viejos discursos en los que se pretende poner un determinado derecho o bien común por encima de otros, menos importantes desde la óptica de quien lo propone. ¿Y no me dirán el lector que ésta cuestión no merece la pena para ser analizada con cierto rigor?

Una de las medidas de seguridad que, en el caso de la administración pública española, se plantea como obligatoria en determinados sistemas de información es el cifrado de ésta, tanto en tránsito como en su almacenamiento definitivo. También se establece la necesidad de cifrado en los dispositivos móviles que almacenen determinados tipos de datos. Son medidas incluidas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad, pensadas para proteger la confidencialidad e integridad de la información que trata la Administración.

Las aplicaciones de mensajería que todos tenemos en nuestros dispositivos móviles, las aplicaciones de videoconferencia de las que venimos haciendo un unos masivo desde la pandemia, o las conexiones de red privada virtual con las que trabajamos desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet como si estuviésemos en la oficina, son algunos ejemplos de productos que incluyen mecanismos de cifrado para proteger al usuario de diferentes tipos de amenazas a la confidencialidad, componente fundamental de la privacidad.

Pero, ¿qué ocurre cuando el usuario de estas herramientas es un delincuente internacional, al cual las agencias policiales están investigando? Le incautan el terminal móvil o su ordenador y no pueden obtener la información almacenada porque está cifrada. O no pueden ‘pinchar’ sus comunicaciones porque éstas también lo están. En esta situación, los agentes policiales ven muy dificultada su tarea de proteger a la sociedad de estas personas indeseables, en casos, por ejemplo, de terrorismo o delincuencia organizada de cualquier tipo.

El debate de prohibir el cifrado en determinado tipo de aplicaciones, como las de mensajería, está servido en el seno de la Unión Europea, con España como el socio más radical en apoyo a esa propuesta. Es decir, España mantiene una postura beligerante a favor de que se prohíba en la UE el cifrado en las aplicaciones de mensajería de los ciudadanos, lo que para muchos puede representar un claro ataque a la privacidad, y cuyos beneficios son más que dudosos.

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