Permítanme una provocación: el perfil del empleado público que más necesitamos ya de cara a 2030 no es el que sabe más derecho administrativo. Es el que sabe gobernarlo. Es el que sabe qué pedirle a la IA, cómo interpretar lo que le devuelve, y cuándo decirle que no.
Durante décadas hemos construido la función pública sobre un modelo de conocimiento acumulado. El buen funcionario era el que sabía más: más jurisprudencia, más normativa, más procedimiento. La oposición medía esa capacidad de acumulación con exámenes que reproducían ese modelo. Y funcionó, dentro de sus límites, porque el conocimiento era escaso y quien lo tenía también “tenía el poder”.
Ese modelo está roto. No porque el derecho administrativo haya dejado de importar —sigue siendo el ADN de la Administración pública— sino porque el acceso al conocimiento jurídico se ha democratizado de forma radical e irreversible. Hoy, un modelo de lenguaje entrenado sobre millones de resoluciones, sentencias y normas puede producir en segundos un informe jurídico que hace diez años requería horas de un letrado “medio”. Y lo producirá mejor cada trimestre. Esto es así; abandonemos la hipocresía de que lo podemos hacer mejor, salvo en los casos de profesionales realmente brillantes, que aportan su toque diferencial. Hoy por hoy, el único toque necesario es una última revisión de sentido común y un último filtro de alucinaciones, las cuales por cierto cada vez son menores.
El conocimiento ya no es el activo escaso. El criterio para evaluarlo lo es.