Burocracia electrónica

Ante los numerosos problemas que presenta la gestión de los asuntos públicos por parte de la Administración, la digitalización no es la panacea. Máxime si se implanta de forma aislada, desordenada y, que nadie se ofenda, descerebrada. De forma concreta, si hablamos de digitalización de los procedimientos, existe una tarea previa que es la simplificación. ¿Qué se debe simplificar? Todo en realidad. La simplificación de trámites supone eliminar los no exigidos por la Ley, o bien facilitar los imprescindibles que deben permanecer. En cuanto a los documentos, debemos empezar por simplificar el lenguaje administrativo con el que se redactan, esa jerga decimonónica que cualquiera diría que está concebida para que no la entiendan sus destinatarios, es decir, los sufridos contribuyentes que reciben las notificaciones. Otros documentos, por su parte, también deberían desaparecer, sobre todo en un entorno interoperable que permite a una Administración recabar el documento requerido de la Administración encargada de emitirlo sin necesidad de molestar al ciudadano; o mejor: verificar los datos directamente sin incorporar nuevos documentos. En cuanto a los usuarios, deben ser molestados lo menos posible, pero cuando deseen dirigirse a la Administración (o cuando sean requeridos por esta), deberían poder hacerlo bien de forma presencial, bien a través de plataformas electrónicas completamente accesibles.

Por tanto, existe una tarea previa a dicha implantación, por desgracia muchas veces obviada, pero en todo caso anterior a la digitalización de los documentos y de los procedimientos: la simplificación/eliminación de la burocracia. Y es que el mejor trámite no es el electrónico, sino el que ni siquiera existe. ¿Qué trámites y documentos deben desaparecer? Los que no exige ninguna norma. La reducción de cargas burocráticas (y por extensión de costes) al ciudadano y a la propia administración es la consecuencia más amable de la administración electrónica bien entendida y bien implantada.

La presente reflexión es en realidad mucho más amplia. Estamos en un momento en el que, a pesar de los retrasos, la Administración ya debería haber entrado en la fase de automatización de trámites, cuya subfase más avanzada es la algoritmización de algunas actuaciones. Este proceso es complejo y evidentemente también requiere de una ejecución inteligente, ayudada, valga la redundancia, por la inteligencia artificial. Por último, aunque podríamos seguir lanzando ítems, vemos que el teletrabajo se está concibiendo bajo un modelo de presentismo telemático que pone el acento en las horas fichadas y no en el cumplimiento de los objetivos. Este es otro error que se repite.

En definitiva, cualquier proceso de digitalización o modernización que no pase por una fase previa de planificación (en sentido amplio) y de simplificación (aplicado a los proceso) no es más que la modernización del caos, un cambio de formato del “vuelva usted mañana” o el “vaya usted a la otra ventanilla”. Esta burocracia electrónica es sumamente ineficiente y desagradable para la ciudadanía, un “nuevo” modelo completamente erróneo que tiene el dudoso honor de empeorar el de la burocracia en papel.